El Govern tiene previsto aprobar el martes que viene una primera parte del plan de movilidad sostenible (Moves), que lleva ya varias semanas de retraso. El Gobierno central, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó el real decreto que lo regula en febrero, con el reparto para las autonomías en función de su población.
A Catalunya le corresponden un total de 7,3 millones, del que el grueso será para ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos y propulsión alternativa, como gas licuado o gas natural, natural comprimido, líquido o biofuel.
La primera parte que podría aprobarse en el próximo Consell Executiu es la más pequeña y destinada a sectores profesionales y administraciones. Corresponde a préstamos para los servicios de bicicletas eléctricas, dotado con 360.788 euros; y actuaciones incluídas en los planes de desplazamiento de empresa, con otros 505.103 euros, según fuentes del Ejecutivo catalán.
Semana siguiente
El grueso del plan podría ponerse en marcha a la semana siguiente o, dentro de este mes, en todo caso. Incluye 3,2 millones para la compra de vehículos sostenibles. Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. Los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo.
En paralelo, se exige a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura. Así, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal tienen un incentivo adicional. El otro gran tramo de apoyos es para infraestructuras de recarga, con una dotación de 3,1 millones.
El programa está coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del ministerio de Transición Ecológica, y es gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deben realizar convocatorias en sus respectivos territorios para el reparto de los importes que les han sido asignados y distribuir las ayudas entre los beneficiarios finales. Solo lo han hecho hasta ahora nueve comunidades, si bien la única que lo hizo dentro del plazo previsto fue Euskadi.
Al País Vasco le siguieron la Región de Murcia, Andalucía, Madrid (que tiene activo además el Plan MUS), Galicia, Castilla y León, Baleares, Melilla y Asturias. Varias comunidades atribuyen las demoras a la burocracia y al proceso de tramitación.