La Fiscalía pide cinco años y ocho meses de cárcel al exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) por el conocido como caso Inipro, un presunto desvío de fondos de los servicios sociales municipales a su partido. El caso se remonta al 2009 y la CUP lo denunció en el 2013. El ministerio público también pide la inhabilitación para cualquier cargo público por el tiempo que dure la condena. Actualmente, Ballesteros ejerce, desde la oposición, de concejal en el Ayuntamiento y de diputado provincial.
El juez investiga si el exalcalde y otras ocho personas, entre ellas las exconcejales Begoña Floria y Victoria Pelegrín o el jefe de gabinete, Gustavo Cuadrado, utilizaron 276.157 euros previstos para proyectos de integración social a financiar campañas a favor del alcalde. Los fondos se habrían desviado del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) a través de una empresa presuntamente afín a este partido, Iniciatives i Programes (Inipro).
El exalcalde, ahora concejal y diputado provincial, será juzgado por desvío de fondos a su partido
A finales de mayo, el juez desestimó todos los recursos de apelación presentados por los investigados y ahora, en su escrito provisional, el fiscal acusa a Ballesteros de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.
Para la exportavoz del gobierno municipal de Ballesteros, Begoña Floria, actualmente también concejal en la oposición, la Fiscalía pide cuatro años y diez meses de cárcel por malversación de caudales públicos.
Inipro fue contratada en un procedimiento negociado y sin publicidad para fomentar el asociacionismo entre la población inmigrante, y en lugar de volver a licitar el servicio, el contrato se prorrogó sin certificar los trabajos realizados.
La instrucción de la pieza principal está cerrada, aunque el juzgado de instrucción número 1 sigue investigando, en una pieza separada y secreta, presuntas ramificaciones del caso en otros municipios socialistas del entorno de Barcelona en los que también se contrató a Inipro. La portavoz de la CUP, Laia Estrada, calificó ayer de “vergonzo” que ni Ballesteros ni Floria hayan dimitido.