“Soy el primer interesado en clarificar la situación ante el juez, no tengo ninguna duda sobre la corrección del procedimiento”, ha sostenido este viernes ante la prensa el alcalde de Tarragona, Josep Felix Ballesteros (PSC), que ha sido citado a declarar como investigado el martes 26 de enero por el juez de Tarragona que investiga el caso Inipro. El magistrado le pedirá explicaciones por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Inipro para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes .
El auto del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, explica que Ballesteros justifique por qué "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad". El alcalde ha reconocido este viernes que firmó los pagos a pesar de las siete advertencias de ilegalidad recibidas: “Yo no podía hacer otra cosa que firmar, porque si no lo hubiera hecho, el Ayuntamiento hubiera cometido un delito de enriquecimiento injusto”.
El alcalde se ha mostrado tranquilo y, aunque ha reconocido que no ha “visto las memorias del trabajo que hizo Inipro”, ha reiterado que “la secretaría delegada y el interventor dicen que el trabajo está hecho”. El juez sospecha que este servicio contratado no era necesario, que hubo un "direccionamiento" de la adjudicación a una empresa en concreto, que se excluyó a cualquier otro competidor y que podría haber una contrapartida que desde la administración se podría haber obtenido a cambio de obtener el contrato a Inipro. Sobre la duración de esta situación, el alcalde ha afirmado que “no sabe” por qué se prolongó durante dos años.
La oposición ya ha calificado de insuficientes las explicaciones del alcalde y ha dudado de que Inipro hubiera hecho el trabajo que cobró del Ayuntamiento de Tarragona. El jefe de la oposición, Rubén Viñuales (Ciutadans) ha dicho que “durante los dos años de prórroga los pagos fueron aumentando” y ha añadido que “con un alcalde imputado por corrupción, el desgobierno de Tarragona empieza a ser importante”: “Yo, en la situación del alcalde, dimitiría”.
El portavoz de ERC, Paz Ricoma, ha criticado que “este caso genera una crisis de confianza e imagen de la ciudad y se ha de aclarar”, mientras que la portavoz de la CUP, Laia Estrada, ha insistido en que ningún grupo municipal ha podido tener acceso a las memorias de los trabajos de Inipro. “Y es muy triste que tampoco el alcalde las haya visto”, ha subrayado.