El juez envía a juicio a exalcalde de Tarragona y pide 276.000 de fianza al PSC

El juez del 'caso Inipro' ha enviado a juicio al exalcalde socialista de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros y le ha impuesto una fianza de hasta 376.290 euros, así como otra de hasta 276.121 al PSC, por el presunto desvío de fondos del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) al partido. La causa, abierta raíz de una denuncia presentada por la CUP, se centra en el supuesto desvío de 276.000 euros del IMSST al partido socialista a través de una empresa supuestamente afín al partido, Iniciatives i Programes (Inipro), que el juez considera pudo facilitar la financiación irregular de esta formación.

En su auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona decreta la apertura de juicio oral contra el exalcalde, la concejal socialista Begoña Floría, la exconcejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrín, el exjefe de gabinete de Ballesteros y el exgerente del IMSST, así como otros cuatro investigados por el supuesto desvío. El togado, además, fija una fianza de 367.290 euros a los nueve acusados, entre ellos el exalcalde socialista, una cantidad que deberán pagar de forma solidaria en un plazo de diez días bajo la amenaza de embargo.

También impone fianzas solidarias a los seis responsables de título lucrativo del desvío de fondos, entre los que figuran varios extrabajadores de las empresas que supuestamente facilitaron el desvío y el PSC, aunque en el caso del partido fija como límite a pagar una cantidad máxima de 276.121 euros. A las entidades que presuntamente facilitaron el desvío de fondos, -Inipro, Itinere Serveis Educatius y Gallet Consultors- el juez les obliga a depositar los 276.121 euros que se reclaman a los acusados, en el caso de que estos no lo hagan, como responsables civiles a título lucrativo.

Trabajos no acreditados

Según mantiene el juez, Inipro fue contratada en 2010, a través de un procedimiento negociado y sin publicidad, para fomentar el asociacionismo entre la población inmigrante y el servicio se prorrogó por otros dos años, sin respetar la normativa municipal en la materia. Ballesteros autorizó los pagos a Inipro, por un valor total de 215.000 euros, por unos trabajos que el togado considera que no están acreditados y sirvieron para pagar a afiliados y simpatizantes del PSC para llevar a cabo "actividades de naturaleza política" a cargo de los presupuestos municipales.

Por esta causa, la fiscalía pide cinco años y ocho meses de cárcel para Ballesteros -que sigue siendo concejal de Tarragona aunque el PSC lo suspendió de militancia el año pasado de acuerdo con los estatutos del partido- por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. A la exportavoz del gobierno de Ballesteros y actual concejal del PSC en la oposición Begoña Floría, el ministerio público le pide una pena de cuatro años y diez meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos.